En Noviembre de 2011 empezamos a recopilar información y enlaces sobre los partidos políticos. El detonante fue una noticia (aparentemente no relacionada): el anuncio del que el indulto de Alfredo Sáenz, mano derecha de Emilio Botín como Consejero Delegado del Banco Santander. Si no le hubiesen indultado, hubiese tenido que dejar su puesto, ya que le ley exige a los mandatarios de los bancos no tener ningún antecedente penal. Las circunstancias de dicho indulto son una burla a la ciudadanía: se decidió en contra la recomendación del Supremo y se produjo a finales de noviembre en el último Gabinete de Ministros de un gobierno en funciones, una semana después de haber perdido el PSOE las elecciones. No entendíamos como el banco y el Sr. Botín podía llegar a tener tanta influencia en la acción de un gobierno pero ese día dejamos de ser todos iguales ante la ley. No se puede probar una relación directa entre este indulto y alguna prebenda del banco porque esa información simplemente no existe, el Banco de España se ha negado a facilitar información sobre los créditos de partidos políticos al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, estos son los datos que encontramos:

• En el año 2006, el Banco de Santander y la BBK perdonaron al PSOE una deuda de 30 millones de euros. Este tipo de prácticas son muy normales en nuestro país ya que los partidos políticos se encuentran altamente endeudados. Los bancos no renuncian a cobrar los préstamos, pero tampoco exigen el pago: los intereses crecen pero se ignoran durante años, hasta que llega un momento en que esas deudas se “renegocian” y se perdonan total o parcialmente, borrándolas discretamente sin que nadie haga ruido.
• El Tribunal de Cuentas es la única institución que puede auditar las cuentas de los partidos, pero el último informe que ha emitido es sobre el ejercicio de 2006 en 2010! Se cambió la ley en 2007 para prohibir entre otras cosas las donaciones anónimas pero aún no sabemos si los partidos se han ceñido a la ley (a mediados de abril se publicó el informe de 2007).
• Las cesiones de inmuebles tampoco están están reguladas por ley. Cualquier inmueble puesto a disposición de un partido político no computa como donación. Esta es una situación muy preocupante dado que la mayoría de informes, desde el Tribunal de Cuentas hasta el Consejo de Europa subrayan entre sus conclusiones la deficiente información que facilitan las agrupaciones locales de los partidos .
• También en 2006, los partidos políticos recibieron 10,6 millones de euros en donaciones privadas, de las cuales el 90% fueron “anónimas”. El PP fue el partido que más donaciones “anónimas” recibió 3,1 millones de euros, frente a los 558.000 del PSOE. Los casi 6 millones restantes se los repartieron principalmente el PNV y los dos socios de Convergencia i Unió.
• Los consejeros del Tribunal de Cuentas son elegidos por los propios partidos políticos, y la mayor parte de ellos, 10 de 12, son ex-ministros, ex-parlamentarios o próximos a uno de los partidos mayoritarios, creando un círculo de intereses que favorece la impunidad, la opacidad y la falta de control sobre los partidos políticos.

Gracias a la implicación de personas normales y la combinación de conocimientos, pudimos hacer una buena petición de verdad. Con la ley en la mano verificamos las grandes lagunas de la ley de partidos. La penosa supervisión de las cuentas, se debe tanto a la falta de regulación, como a la falta de recursos de las instituciones supervisoras, como a la politización de todo el proceso. Nuestra investigación nos llevó a contactar con el Tribunal de Cuentas (muy graciosa la voz quebradiza que preguntaba: ¿pero esto va a salir en la prensa?) y la compartimos con un catedrático retirado de la UAM, que parece el autor con más prestigio y con otro Catedrático en Derecho Constitucional de la UPV/EHU que nos felicitaron por nuestro trabajo.

Con todo esto contamos a actuable a los que les encantó la idea. Nos dieron muy buenos consejos y nos recomendaron empezar por una petición menos compleja y más centrada en la publicación de los datos que hace ya 5 años deberían estar disponible. Lo cierto es que votamos un nuevo parlamento sin saber si los partidos habían cumplido la ley:

http://actuable.es/peticiones/tribunaldecuentas

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Aquí se puede ver la petición original con todos los links:

La Ley de financiación de partidos políticos (LO 8/2007, de 4 de julio) reconoce que “el ejercicio de la soberanía popular exige que el control político de las instituciones elegidas en las urnas corresponda en último extremo al ciudadano, de donde se revela indispensable la necesidad de establecer garantías y más medios para que el sistema de financiación no incorpore elementos de distorsión entre la voluntad popular y el ejercicio del poder politico”. Pese a esta afirmación, dicha ley no establece ningún límite a las
donaciones de inmuebles ni a la condonación de deudas y préstamos, traicionando los propios objetivos que se había marcado al permitir que los partidos se endeuden en exceso [debían más de 191 millones de euros en 2006], y que para sobrevivir dependan de préstamos y otras contribuciones que no provienen de sus afiliados.

La Ley de 2007 prohibió las donaciones anónimas (90% de las contribuciones privadas hasta entonces), a cambio de:

• Un suculento aumento en la cantidad de dinero público de subvención directa que reciben los partidos (ascendió a más de 193 millones de euros en 2006);
• La ampliación del límite establecido para donaciones privadas, al pasar de 60.000 euros a 100.000 para personas físicas o asociaciones, y 150.000 para las que provengan de fundaciones.

La misma ley dispone que los partidos deben presentar sus cuentas anuales antes del 30 de junio del año siguiente, y da un plazo de otros 6 meses al Tribunal de Cuentas para emitir un informe sobre la financiación de cada partido. Según esto, ya deberíamos disponer del informe de 2010, sin embargo, el último corresponde al ejercicio 2006 y fue publicado en 2010.

Lo cierto es que la nueva ley no ha sido aplicada aun, ya que el último informe del Tribunal de Cuentas es anterior a su entrada en vigor en 2007. Gracias a este retraso, aun no sabemos si los partidos que se presentaron a las últimas elecciones generales cumplieron la ley durante la anterior legislatura, lo que evidencia la ineficiencia de los órganos de control y fiscalización y por ende la degradación de nuestro sistema democrático.

Es fácil de entender cómo la falta de controles y contrapesos ha llegado hasta este punto, cuando: 1) El Tribunal de Cuentas no tiene potestad sancionadora directa y ejecutiva, 2) son los propios partidos políticos los que pactan los consejeros del Tribunal de Cuentas en el Congreso y el Senado, 3) 10 de los 12 consejeros no son profesionales independientes sino ex-ministros, ex-parlamentarios o próximos a uno de los partidos mayoritarios y 4) a su vez, las Cortes son la única institución ante la que responde el Tribunal, creando un círculo cerrado de intereses que favorece la impunidad, la opacidad y la falta de control efectivo.

Esta deficiente regulación ha sido denunciada por el Consejo de Europa en un informe del grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) así como por parte del propio Tribunal de Cuentas.

Ante la indefensión de la ciudadanía, la falta de medidas de transparencia que acaben con las lagunas que permiten la financiación irregular de partidos y fomentan la corrupción política, y las evidencias de tratos de favor en algunas decisiones politicas, exigimos:

• Que el Tribunal de Cuentas publique de forma inmediata los informes de 2007, 2008, 2009 y 2010 que por ley ya debían ser de dominio público.
• Que los partidos políticos, cargos electos y cargos de designación política se vean obligados a revelar anualmente todos los préstamos que reciban, detallando el montante, los plazos y los intereses así como el capital y los intereses amortizados hasta la fecha (preferentemente en el marco de una ley de transparencia).
• Que todas las entidades financieras estén obligadas a enviar igualmente un informe anual con los mismos detalles para poder cruzar los datos y comprobar su veracidad.
• Que se regule por ley que toda condonación de deuda compute como donaciones privadas, quedando sujetas a los mismos límites que éstas.
• Que el ahorro en el pago de intereses de préstamos que se hayan obtenido en condiciones privilegiadas por debajo de los precios de mercado también computen como contribuciones privadas.
• Que se regulen todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y del GRECO, en particular en lo que se refiere a la financiación de las entidades locales de los partidos políticos; que se computen las donaciones de inmuebles como contribuciones privadas y que se endurezcan las sanciones de forma que no resulte rentable incumplir la ley.

Esto ha sido lo que nos han dicho:

“Ante todo quiero daros mi enhorabuena por vuestro trabajo. Está bien escrito, es riguroso en los datos que se dan y las conclusiones (exigencias) que pedís al final del mismo son correctas y yo coincido básicamente con ellas, también las que se refieren al Tribunal de Cuentas, aunque veo imposible por el momento el ejercicio puntual de sus informes anuales. O sea que, básicamente, es correcto cuanto en él afirmáis.”

“En relación con el artículo, afrontas un tema peliagudo como es la financiación de los partidos políticos que han generado una bibliografía inabarcable. En todo caso, identificas acertadamente un punto de arranque, delimitas un problema, seleccionas la norma  aplicable y finalizas con la conclusión que pone de relieve la contradicción entre las prohibiciones de la ley y la práctica condonatoria. Enuncias, por último, una alternativa que tapone la fuga normativa producida. Por lo tanto, la estructura y el mensaje es
correcto”.

Mas información:

• Colección de links sobre la financiación de partidos
• El Economista: Las trampas que hacen los partidos políticos
• Informe del foro sociedad civil: la financiación de partidos políticos. Por Gaspar Ariño