Los principales partidos han estado consensuando a puerta cerrada la ponencia sobre la reforma de la ley de financiación de partidos, sin hacer mucho ruido y evitando que la discusión trascienda del Congreso. El silencio es tal, que a día de hoy, 48 horas antes de que se presente a la Comisión Constitucional, el informe aún no se ha publicado en la web del Congreso. Ni que decir tiene que para esta ocasión, siendo un tema donde claramente los partidos legislan en interés propio no se ha considerado oportuno que académicos o representantes de la sociedad civil participen en las discusiones.
En la sesión del miércoles día 20 está previsto discutir y aprobar la ponencia, según la agenda del Congreso, dando por cerrrado el trabajo de preparación y audiencias que preceden la aprobación de cualquier ley antes de pasar al plenario.
Sorteando el obscurantismo, nosotros ya hemos conseguido una copia de esa ponencia y pronto os haremos llegar un análisis más completo. Hay algún avance positivo, pero en realidad es un texto corto de miras, que protege los intereses de los partidos que ya tienen representación ya que les les garantiza unas subvenciones de entre 200 y 270 millones de euros al año.
Pero la ponencia no limita las donaciones patrimoniales, no contiene/contempla ninguna medida efectiva para garantizar que los partidos entregen al Tribunal de Cuentas el 100% de su contabilidad (actualmente no presentan la contabilidad de las Corporaciones Locales, es decir, no justifican cerca de 60 millones de Euros) y deja la puerta abierta al fraude que se está produciendo en las fundaciones como hemos venido denunciando aquí.
Probablemente una de las modificaciones más escandalosas sea el establecimiento de la impunidad con la introducción de la prescripción de las infracciones, una figura que no existía antes en la ley. Ahora, todos los delitos e infracciones precribirán a los 4 años. Teniendo en cuenta que hemos conocido en 2012 el informe de 2007, esta ley consagra la TOTAL IMPUNIDAD de los delitos que se hubiesen producido a partir de 2007, desde el inicio de la crisis económica, y que aún no han sido auditados por el Tribunal de Cuentas.
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