La Ley de Financiación de los Partidos Polí­ticos de 2007 prohibió las donaciones anónimas a los partidos, que hasta entonces eran legales, y a cambio aumentó los lí­mites para estas aportaciones pasando de los 60.000 a los 100.000 euros por persona o empresa. En el caso de las fundaciones, el límite asciende a 150.000 euros.

El preámbulo de la propia ley establece la necesidad de establecer garantías y más medios para que el sistema de financiación no incorpore elementos de distorsión entre la voluntad popular y el ejercicio del poder polí­tico. No vamos a decir que exista esta distorsión, solo mantenemos que gran parte de la información que nos permitiría juzgar si existe o no esta distorsión permanece oculta. Y la escasa información publicada llega con un atraso inaceptable.

En 2007 los partidos recibieron 68M euros de manos privadas (40,3M en cuotas de afiliados, y 11,3M en donaciones). A pesar de la falta de información y detalle dentro del informe, esto nos lleva a concluir que la diferencia, más de 16 millones de euros son ingresos generados por los partidos con sus actividades. Difícil de saber cuales son generadas por actividades reales o por ejemplo, por ingresos financieros extraordinarios (que podrían esconder operaciones de cancelación de prestamos o créditos subvencionados), pero se puede revisar el balance de cada partido.

De los 11,3M € en donaciones privadas, 7,1M fueron aportaciones anónimas, que en su mayorí­a se hicieron en el primer semestre de 2007, cuando todavía eran legales. A partir de julio, cuando las donaciones anónimas ya eran ilegales, el PP recibió  231.400€ de donantes anónimos y el PSOE 52.500€.

Las cuotas son en principio el ingreso más legítimo y en teoría debería ser transparente. Pero muchas se abonan a las corporaciones locales y estas cuentas no se fiscalizan, por lo que es difícil de decir con seguridad que todo esta limpio.

Las donaciones privadas, aunque parecen haber sido justificadas ante el Tribunal, permanecen anónimas para los ciudadanos, ya que ni el Tribunal las publica ni la amplia mayoría de los partidos las hacen públicas ni en sus memorias ni en su página web.

Tampoco el Tribunal ni los partidos hacen público con que entidades financieras los partidos consiguen créditos en condiciones privilegiadas, ni sabemos los plazos, las condiciones ni la amortizaciones realizadas. En 2007 la deuda de los partidos presentes en el Congreso era de 214M y los intereses 0.85M. Es decir, que los partidos pagan un interés medio de menos de 0.4%, un precio escandalosamente por debajo de las condiciones de mercado. Esto supuso un beneficio económico de 12M para los partidos en 2007, pero esta es una cuestión se analiza por separado en el artículo sobre las relaciones entre los partidos y los bancos: subvenciones encubiertas y condonaciones de créditos.

Las fundaciones ligadas a los partidos recibieron 3M en donaciones privadas, pero esto solo representa el 14% de sus gastos. El resto de su actividad económica no se encuentra fiscalizada ni por el Tribunal de Cuentas, ni por un auditor externo (excepto dos fundaciones que son demasiado grandes como para no pasar por ley una auditoria). Es una caja negra que se encuentra estrechamente ligada a las finanzas de los partidos ya que sabemos que las operaciones corrientes que tienen con los partidos, son la toma de garantías hipotecarias de inmuebles a nombre de los partidos para la compra de inmuebles que serán cedidos posteriormente a los partidos. Pero desconocemos los informes de tasación y las condiciones en que toman los préstamos. Además las fundaciones son inmunes al Tribunal de Cuentas. Más información en el artículo: Fundaciones, sin control ni supervision.