Hoy, 28 de junio los partidos acuerdan en el Congreso continuar sin supervisión ni control efectivo

La reforma de la Ley de Financiación de partidos comenzó como un gesto populista que proponía reducir las subvenciones públicas que reciben los partidos políticos mientras se discutían los Presupuestas. Gracias al revuelo que levantó y a las enmiendas que presentaron partidos la reforma ganó algo de amplitud. Sin embargo, es una reforma muy limitada y que no ataja las deficiencias fundamentales de la financiación de partidos: la falta de una supervisión independiente y efectiva y el imposible acceso público a la información sobre la cuantía y la identidad de los que contribuyen a las finanzas de los partidos y la entrega de contabilidad incompleta al Tribunal de Cuentas. A esta falta de control se une que los informes se publican con 5 años de retraso (el informe de 2007 se publicó en marzo de 2012!), por lo que los electores ni siquiera saben si los partidos cumplen con la legalidad hasta después de haber votado. Además los partidos se han quedado fuera de la ley de transparencia. Ante esta falta de control lo más indignante es que voten que todas las infracciones prescriban a los 4 años.

Los partidos cometen una larga lista de comportamientos reprobables por los que nunca se ven sancionados, como por ejemplo:

– Dejan sin justificar 60 millones en subvenciones públicas, al no entregar la contabilidad de las Corporaciones Locales. Cualquier auditor confirmará la imposibilidad de certificar las cuentas de organización alguna sin ver el 100% de la contabilidad.
– Los partidos pueden recibir donaciones inmobiliarias o en especie  sin límite alguno.
– Las entidades de crédito han perdonado cientos de millones de euros a los partidos.
– Las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos son la parte menos transparente de toda la financiación. La Ley les exige aún menos supervisión que a los partidos políticos pese a que sus actividades comerciales reflejan lo interligadas que están ya que las fundaciones preparan actos y transpasan inmuebles a los partidos mientras reciben a cambio subvenciones, créditos y avales. Sin embargo, las fundaciones no pueden ser sancionadas porque no se ha desarrollado su reglamento.

¿Van a aumentar los controles?

– Las auditorías a partir de ahora deberían pasar los partidos no tienen porque estar certificadas por ninguna entidad independiente externa.
– No hay ninguna medida que garantice que el Tribunal de Cuentas presente los informes con menos retraso.
– No se limita la cuentía de las donaciones inmobiliarias y en especie.
– La supervisión de las cuentas de las fundaciones y asociaciones vinculadas mantienen numerosas excepciones y no permiten un control efectivo, ya que su supervisión es aún más laxa que la de los partidos.
– Desde 2007 aún no se han regulado las sanciones a las fundaciones por lo que virtualmente todas las infracciones que hayan cometido hasta hoy no podrán ser castigadas.
– El Tribunal de Cuentas no es autónomo e independiente. TODOS los consejeros están vinculados al PP o al PSOE.
– No se determinan con más precisión las cuentas que tienen que presentar por lo que nos tememos que seguirán ocultando una parte de su contabilidad.

¿Va a aumentar la transparencia?

– Uno de los argumentos que esgrimen es que va a aumentar la transparencia porque se establece la obligación de publicar las cuentas en la web de los partidos.. Pero la ley solo obliga a publicarlas una vez hayan sido supervisadas por el Tribunal de Cuentas, es decir con 5 años de retraso. Si el informe de 2007 no se ha publicado hasta 2012 mientras la elecciones generales fueron en 2011 ¿te parece más transparente que las cuentas de los partidos estén accesibles en la web después de haber votado?
– Hay medidas positivas como la obligación de tener una cuenta separada para donaciones, la imposibilidad que que terceros asuman el pago de facturas de los partidos o la necesidad de informar con detalle de las donaciones privadas de más de 50.000€.
– Sin embargo, solo el Tribunal de Cuentas conocerá la cuentía y la identidad de los que contribuyen a las finanzas de los partidos.

¿Se va a reducir la financiación pública?

– Uno de los puntos que intentan vender es la reducción de subvenciones públicas en un 20%. Olvidan decir que tales subvenciones subieron bastante por encima del IPC en 2007-2011 y hay que recordar que la subvención Estatal, la parte que se va a reducir un 20%, unos 70 millones de euros, solo es un tercio de las subvenciones que reciben. Sin embargo, la Ley no pone límite a las subvenciones que recibirán por la representación autonómica y local. Supusieron más de 130 millones de euros anualmente.

¿Se eliminan la condonaciones de créditos?

– No. Se limitan a 100.000€ al año. Dado el bajo nivel de supervisión de las fundaciones y dado que los partidos siguen sin entregar la contabilidad de las corporaciones locales no podemos asegurar que estas operaciones no se repiten mientras sigan entregando contabilidad incompleta.
– No se obliga a declarar los préstamos a tipos de interés irrisorios sin que compute la ventaja obtenida como subvenciones de crédito (tal y como exige el regulador de las auditoras ICAC). Representó unos 18 millones de ganancia solo entre 2006 y 2007!
– Tampoco se limita el endeudamiento de los partidos. Dada el mal estado de las finanzas de los partidos y las reducciones de las subvenciones, quizas algunos partidos se vuelvan aún más dependientes del crédito para financiarse.

¿Aumentan las sanciones?

– Depende. La cuantía de las sanciones nunca sobrepasa el doble de lo defraudado (también es la máxima sanción en la legislación en vigor), lo que no nos parece suficiente para disuadir estas prácticas. No se prevé ningún tipo de sanción electoral más allá de la económica. Si que se establecen que se retenga el pago de las subvenciones. Sin embargo, lo que no cambia es la incapacidad del Tribunal de Cuentas de imponer multas ejecutivamente, es decir, de forma independiente y autónoma sino que tales multas tengan que ser propuestas a las Cortes para que sus Señorías decidan si castigarse o no.

– Ahora las infracciones precribirán a los 4 años. Los partidos esgrimen que el Tribunal de Cuentas recibe las cuentas seis meses después de cerrado el ejercicio (cuando ya han podido pasar hasta 18 meses desde la comisión del delito) y puede reaccionar en ese momento. Sin embargo, sabemos que el Tribunal ha tardado otros 3 años y nueve meses de publicar su último informe de 2007 que fue publicado en marzo de 2012. Es decir, que para que pueda haber sanciones dependemos una Tribunal de Cuentas efectivo e independiente, lo cual dista muchísimo de la realidad. Una burla a todos nosotr@s.