Hoy, 28 de junio los partidos acuerdan en el Congreso continuar sin supervisión ni control efectivo

La reforma de la Ley de Financiación de partidos comenzó como un gesto populista que proponía reducir las subvenciones públicas que reciben los partidos políticos mientras se discutían los Presupuestas. Gracias al revuelo que levantó y a las enmiendas que presentaron partidos la reforma ganó algo de amplitud. Sin embargo, es una reforma muy limitada y que no ataja las deficiencias fundamentales de la financiación de partidos: la falta de una supervisión independiente y efectiva y el imposible acceso público a la información sobre la cuantía y la identidad de los que contribuyen a las finanzas de los partidos y la entrega de contabilidad incompleta al Tribunal de Cuentas. A esta falta de control se une que los informes se publican con 5 años de retraso (el informe de 2007 se publicó en marzo de 2012!), por lo que los electores ni siquiera saben si los partidos cumplen con la legalidad hasta después de haber votado. Además los partidos se han quedado fuera de la ley de transparencia. Ante esta falta de control lo más indignante es que voten que todas las infracciones prescriban a los 4 años.

Los partidos cometen una larga lista de comportamientos reprobables por los que nunca se ven sancionados, como por ejemplo:

– Dejan sin justificar 60 millones en subvenciones públicas, al no entregar la contabilidad de las Corporaciones Locales. Cualquier auditor confirmará la imposibilidad de certificar las cuentas de organización alguna sin ver el 100% de la contabilidad.
– Los partidos pueden recibir donaciones inmobiliarias o en especie  sin límite alguno.
– Las entidades de crédito han perdonado cientos de millones de euros a los partidos.
– Las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos son la parte menos transparente de toda la financiación. La Ley les exige aún menos supervisión que a los partidos políticos pese a que sus actividades comerciales reflejan lo interligadas que están ya que las fundaciones preparan actos y transpasan inmuebles a los partidos mientras reciben a cambio subvenciones, créditos y avales. Sin embargo, las fundaciones no pueden ser sancionadas porque no se ha desarrollado su reglamento.

Los principales partidos han estado consensuando a puerta cerrada la ponencia sobre la reforma de la ley de financiación de partidos, sin hacer mucho ruido y evitando que la discusión trascienda del Congreso. El silencio es tal, que a día de hoy, 48 horas antes de que se presente a la Comisión Constitucional, el informe aún no se ha publicado en la web del Congreso. Ni que decir tiene que para esta ocasión, siendo un tema donde claramente los partidos legislan en interés propio no se ha considerado oportuno que académicos o representantes de la sociedad civil participen en las discusiones.

En la sesión del miércoles día 20 está previsto discutir y aprobar la ponencia, según la agenda del Congreso, dando por cerrrado el trabajo de preparación y audiencias que preceden la aprobación de cualquier ley antes de pasar al plenario.

Sorteando el obscurantismo, nosotros ya hemos conseguido una copia de esa ponencia y pronto os haremos llegar un análisis más completo. Hay algún avance positivo, pero en realidad es un texto corto de miras, que protege los intereses de los partidos que ya tienen representación ya que les les garantiza unas subvenciones de entre 200 y 270 millones de euros al año.

Pero la ponencia no limita las donaciones patrimoniales, no contiene/contempla ninguna medida efectiva para garantizar que los partidos entregen al Tribunal de Cuentas el 100% de su contabilidad (actualmente no presentan la contabilidad de las Corporaciones Locales, es decir, no justifican cerca de 60 millones de Euros) y deja la puerta abierta al fraude que se está produciendo en las fundaciones como hemos venido denunciando aquí.

Probablemente una de las modificaciones más escandalosas sea el establecimiento de la impunidad con la introducción de la prescripción de las infracciones, una figura que no existía antes en la ley. Ahora, todos los delitos e infracciones precribirán a los 4 años. Teniendo en cuenta que hemos conocido en 2012 el informe de 2007, esta ley consagra la TOTAL IMPUNIDAD de los delitos que se hubiesen producido a partir de 2007, desde el inicio de la crisis económica, y que aún no han sido auditados por el Tribunal de Cuentas. 

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Al repasar las noticias publicadas por los medios de comunicación más relevantes sobre la aparición del Informe de 2007 del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos políticos, cuya valoración se puede ver aquí, surgen varias preguntas…

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